El desigual orden de género y la feminización de la pobreza que convierte a mujeres y niñas en objetos de mera mercancía, refuerzan y perpetúan las situaciones de inferioridad desde las que viven constantes situaciones de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que nos lleva a destacar una forma más de violencia de género, la trata de personas con fines de explotación sexual.
La captación, transporte, embarque o recepción de mujeres, a través de medios como el engaño, la intimidación, la fuerza, la amenaza, el pago o remuneraciones a alguien que ejerce control sobre la víctima, con la finalidad posterior de explotarla sexualmente, constituye un grave delito contra los derechos humanos. Donde a pesar de los esfuerzos y los compromisos tanto por parte del Estado español como de la comunidad internacional en la lucha y la persecución de este fenómeno, sigue siendo el tipo de trata más extendido, donde el uso sistemático del género, lo coloca compartiendo lugar con otros tipos de trata sin distinciones alguna, y que hace que no se visibilice como una de las formas más extendidas de la violencia contra las mujeres, aun existiendo una sobrerrepresentación evidente de mujeres y niñas.
La interacción entre el género con otros factores de discriminación como la nacionalidad o la clase social, no es solo una característica principal del delito trata con fines de explotación sexual, sino que es el común denominador de otras formas de violencia como pueden ser la venta de niñas, los matrimonios forzados, la violación como arma de guerra, ataques de ácido u otros crimines de honor.
De entre estas, la violación como arma de guerra, se usa como una forma de destruir y castigar a la comunidad enemiga. El hecho de que las mujeres no ocupen posiciones de poder, nos puede dar pistas de que no son ellas quienes deciden si habrá o no guerra, sin embargo, esto no las libra de las consecuencias propias de un conflicto bélico, sino que sufren también las consecuencias de ser mujer al servir de botín y trofeo para soldados, usadas para descargar ira, odio y violencia, o bien ser utilizadas y violadas como otro medio de destrucción más.
En cuanto a la venta y los matrimonios forzados, se trata de una práctica común en algunos países, normalmente de África y Asia meridional, donde las niñas sufren ya las consecuencias de ser mujer desde el momento mismo en el que nacen, obligadas por sus familias a contraer matrimonios y relaciones sexuales, normalmente bajo la creencia de que esto les proporcionara una mayor seguridad económica y prestigio. Una creencia que las lleva al mismo tiempo a problemas de salud por el riesgo de exposición a enfermedades ante la obligación de tener relaciones, o bien a la restricción de las posibilidades de ir a la escuela, entre otras.
Por último, se destaca los llamados crímenes de honor. Se trata de violencias de diversa índole que se ejercen sobre las mujeres en aras de preservar y mantener la integridad de las prácticas y las tradiciones culturales o religiosas, de esta forma infringir las normas de la familia o la comunidad (normalmente con la conducta sexual) supone una deshonra que se paga con la violencia, inclusive con el asesinato, como única forma de borrar el estigma provocado. Sucede incluso con las víctimas de violación, donde se culpa a las mujeres de adulterio, expulsadas de la familia o siendo asesinadas por agravio contra el honor, mientras los hombres son impunes. Estos crímenes encuentran su legitimación no solo en las prácticas culturales, sino que cuentan con un respaldo en las propias leyes y normas de la comunidad.
En definitiva, surge la necesidad de recordar una vez más la importancia de acabar con la institucionalización de la discriminación contra la mujer, para lo cual es imprescindible preguntarnos ¿dónde queda la universalidad de todos aquellos instrumentos legales que pretenden reconocer y eliminar las violencias contra las mujeres?
