Este informe de marzo de 2026 analiza la crisis de la vivienda en España, que se ha consolidado como uno de los principales motores de desigualdad, resultado de una década de fuerte aumento de precios que afecta ya a cerca de la mitad de la población y limita el acceso a derechos básicos, ya que el coste del alquiler y la compra absorbe los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y sitúa especialmente a las personas inquilinas —jóvenes, migrantes y hogares vulnerables— en una “trampa del alquiler” que perpetúa la precariedad y dificulta el acceso a la propiedad. Esta situación genera inestabilidad residencial, renuncias vitales y un aumento de la desigualdad patrimonial entre quienes tienen vivienda y quienes no, en un contexto marcado por la financiarización del mercado, la escasez de vivienda asequible y la insuficiente respuesta pública, lo que exige medidas estructurales que prioricen la vivienda como derecho —mediante la protección y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados, la protección de las personas inquilinas, el control de la especulación y la ampliación del parque público— para garantizar un acceso digno y equitativo.
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