El derecho al aborto no es una concesión hecha a las mujeres, es una manifestación de nuestra libertad, igualdad y dignidad. Poder decidir sobre el propio cuerpo significa, ni más ni menos, decidir sobre el rumbo de la propia vida. Por eso, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha sido un eje central del feminismo desde sus inicios: en ellos se juega el tipo de sociedad que queremos, una en la que las mujeres sean autónomas y plenamente libres.
Cada debate sobre este derecho es, en el fondo, una discusión sobre si las mujeres podemos elegir nuestro destino o si debemos aceptar que otros lo hagan por nosotras. La autonomía corporal es la base imprescindible para cualquier otra forma de autonomía vital.
Con esa perspectiva se ha elaborado este informe, fruto del trabajo de la Federación de Mujeres Jóvenes y del apoyo del Instituto de las Mujeres. Su objetivo es mostrar con claridad los obstáculos que todavía impiden un acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Detectar estas barreras es indispensable para diseñar políticas públicas que funcionen.
Hoy, en un contexto marcado por el auge de discursos reaccionarios, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran entre los más amenazados. Este documento es también un reconocimiento a quienes han luchado por estos derechos y a quienes continúan defendiéndolos frente a intentos de retroceso. Nos recuerda que ningún avance es inamovible y que la protección de estos derechos exige vigilancia constante y compromiso activo.
Defender el derecho al aborto no es una tarea del pasado, es también una responsabilidad del presente. Garantizar que cualquier mujer pueda acceder a un aborto seguro, gratuito y en la pública, no solo es una cuestión sanitaria, es una condición indispensable para una democracia en la que todas podamos vivir con libertad, igualdad y control sobre nuestro propio futuro.
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido en la legislación española y en los tratados internacionales de derechos humanos. La Ley Orgánica 2/2010 y la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo han configurado un marco normativo que ha consolidado legislativamente este derecho, incluyendo la reciente eliminación de barreras para las mujeres de 16 y 17 años. Sin embargo, la investigación que la Federación Mujeres Jóvenes ha desarrollado en colaboración con el Instituto de las Mujeres ha constatado que este derecho no siempre se ha garantizado en condiciones de igualdad, universalidad y calidad en todo el territorio.
El objetivo de este informe es identificar las barreras que persisten en el acceso a la IVE, y analizar cómo afectan especialmente a mujeres jóvenes, mujeres en situación administrativa irregular y mujeres con discapacidad, y elaborar propuestas concretas para garantizar políticas públicas para un acceso equitativo y efectivo.
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